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México incumple con sus obligaciones de respeto a los DH

Jueves 30 Julio 2015 (08:47)
> DTPV/en Línea
Los agentes que más violan estos derechos son las policías Federal y municipales. Marina, Ejército y los agentes del INM tienen como principal delito la extorsión.

por ANA LANGNER

México.-
 La Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (Redodem) denunció que el Estado mexicano, a pesar de su discurso oficial, incumple con sus obligaciones internacionales y constitucionales de respeto y garantía de los derechos humanos. Al presentar el informe anual 2014, esta red, compuesta por 15 asociaciones reportó que durante el año pasado 31,894 personas acudieron a alguna de estas organizaciones y detectaron más de 40,000 incidencias relacionadas con la violación de sus derechos humanos que fueron consignadas en su base de datos.

Los principales delitos y violaciones a los derechos humanos cometidos en México a personas migrantes registrados por la Redodem están vinculados al derecho de propiedad privada (robo), derecho a la integridad física (lesiones) y libertad personal (detenciones arbitrarias).

Los agentes que más violan estos derechos son la Policía Federal y municipal. Cabe destacar que la Marina, el Ejército y los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM cometen como principal delito la extorsión. Destaca también la exposición a la alza de delitos en manos de particulares, perpetrados por la delincuencia organizada.

Durante el primer semestre del 2014 se registró un total de 21,031 migrantes, en el segundo semestre hubo un registro total de 10,863 personas; es decir, una disminución de 48% de registros.

Ello, argumenta la red, comienza a ser evidente a partir del mes de julio del mismo año, hecho que coincide con el anuncio y puesta en marcha del Programa Integral Frontera Sur, cuyos impactos más notables han tenido que ver con el incremento de la vulnerabilidad, debido a la abierta persecución y cacería de las personas migrantes en tránsito.

Ante ello solicitaron implementar una política migratoria con apego a los derechos humanos; investigar, sancionar y reparar el daño derivado de los delitos cometidos por autoridades y particulares, y reconocimiento de la condición de refugiado a migrantes que salen de sus países por causa de la violencia.

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