Ejerce Cabeza de Vaca terrorismo político en Tamaulipas

EDITORIAL

Reynosa, Tamaulipas.- El Gobernador Cabeza de Vaca ejerce en Tamaulipas un gobierno de mano dura, casi casi a nivel de dictadura o tiranía.

Los alcaldes, diputados, candidatos y críticos que se han puesto a su alcance, los arrolla gracias al uso faccioso de las instituciones de gobierno, como la Fiscalía General de Justicia del Estado y el control de los otros dos poderes, el Judicial y el Legislativo.

Los alcaldes de oposición, como Carlos Peña de Reynosa, Carmen Lilia Cantú Rosas de Nuevo Laredo, Eduardo Gattás de Ciudad Victoria y Mario López de Matamoros, han sufrido en carne propia la represión, el terrorismo y la persecución política por parte del gobernante, que, está de más decirlo, está desaforado y a punto de ir a prisión.

Le preguntamos a un abogado litigante si el caso actual de Carlos Peña es similar al de Gerardo Higareda, quien fue alcalde solo por unos meses del año 2000.

Fue el Gobierno estatal de Tomás Yarrington Ruvalcaba el que inició la persecución cuando Higareda era Gerente General de la COMAPA y fue acusado por el presunto delito de peculado.

Se le llamó “higaredazo”, porque finalmente éste tuvo que huir hacia Estados Unidos, acosado por todo el aparato de justicia de Yarringon, cuando el PRI era todopoderoso.

Higareda Adam, cuyo error político fue no haberse sometido a los caprichos de Yarrington, a pesar de ser del mismo partido, logró el asilo político en los Estados Unidos, al comprobar su estatus de perseguido político, de acuerdo con el Expediente 78355868 de la Oficina de Asilos del Departamento de Justicia de ese país. (El Norte, 22 de diciembre de 2000).

“En parte sí, y en parte no”,-fue la respuesta del abogado sobre las similitudes entre ambos casos.

“La diferencia-agregó- es que en aquel tiempo, Tomás Yarrington iba llegando al Gobierno de Tamaulipas y nadie podía hacer nada porque tenía la mayoría absoluta del Congreso”,-agregó el jurista.

Actualmente, el Alcalde de Reynosa, electo en un proceso constitucional, Carlos Peña Ortiz, enfrenta al igual que sus pares de Nuevo Laredo, Ciudad Victoria y Matamoros, la furia de un gobernador al que le quedan poco menos de tres meses de gracia.

Existe la denuncia en contra de Peña Ortiz en un juzgado de San Fernando, pero ésta carece de sustento porque la adquisición de un inmueble a que se refiere es una donación de sus padres, y no una compra con dinero de procedencia ilícita, como se señala.

Simplemente, Carlos Peña Garza y Maki Ortiz Domínguez pusieron a nombre de su único hijo algunas propiedades, porque pensaron que difícilmente saldrían adelante del cáncer que los aquejaba, entre el 2012 y el 2013.

La denuncia que se presentó el 30 de marzo del año pasado, fue para evitar que ganara la elección de Presidente Municipal.

En esa denuncia se señala que Peña Ortiz adquirió un predio de 1,500 hectáreas con un valor declarado de 4.5 millones de pesos.

El Gobernador ordenó a la Fiscalía General de Justicia del Estado que emitiera la orden de aprehensión, pero el entonces candidato logró obtener el amparo de la justicia federal y el proceso durmió en un escritorio de la FGJE, hasta hace unos meses, que lo revivieron.

Peña Garza no se ha podido presentar en la Presidencia Municipal.

Las sesiones de Cabildo se realizan de manera virtual, en apego a las instrucciones de la Secretaría de Salud para evitar contagios de COVID-19.

“Está en calidad de prófugo”,-señalan medios de comunicación pagados por el Gobierno del Estado.

Sin embargo, existe el temor bien justificado de que, a pesar del amparo que obtuvo de un juez federal, de cualquier manera se le detenga, por instrucciones del Gobernador Cabeza de Vaca.

“¿Que si pueden hacerlo? ¡Claro que pueden, porque les vale madre todo!”-remató el abogado.