Testigo estrella del caso Iguala busca amparo

Gildardo López Astudillo, implicado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, intenta no ser requerido por un juez.

El Gil, uno de los jefes del grupo criminal Guerreros Unidos, se convirtió en testigo protegido de las autoridades con el nombre de “Juan”. Salió libre en 2019 y desde entonces la Fiscalía del Caso Iguala le da un pago en efectivo, vivienda, escolta y chofer.

La solicitud de protección de la justicia federal se tramitó ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la CDMX. Información consultada por Excélsior indica que El Gil busca evitar una orden de aprehensión girada por un juez penal con sede en el Reclusorio Oriente.

Gran parte de la investigación del gobierno sobre la búsqueda de los 43 se basa en dichos de López Astudillo, señalado por otros delincuentes como uno de los jefes que ordenó matar a los normalistas. Afirmó que algunos jóvenes fueron llevados al 27 Batallón de Infantería y luego militares los entregaron a Guerreros Unidos.

Testigo protegido busca amparo

El Gil, acusado de participar en la desaparición de los 43, intenta no ser requerido por un juez penal, pues la Fiscalía pretende retirarle la protección que le da desde 2020

“Juan”, el testigo protegido estrella de la Fiscalía en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que en realidad es Gildardo López Astudillo, alias El Gil, solicitó el 14 de marzo un amparo de la justicia federal.

López Astudillo, uno de los jefes de la banda delincuencial Guerreros Unidos —grupo al que las policías municipales entregaron a los estudiantes el 26 y 27 de septiembre de 2014—, solicitó ante el juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, un amparo que quedó radicado en el expediente 254/2024.

De acuerdo con información pública del Consejo de la Judicatura, consultada por Excélsior, López Astudillo —que está en libertad desde 2019—, solicitó la protección de la justicia federal en contra de los actos que pueda emprender el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Oriente.

Las declaraciones que López Astudillo —señalado por otros delincuentes como uno de los jefes que ordenó la muerte de los normalistas— ha dado a las autoridades desde que se convirtió en testigo protegido de Tomás Zerón de Lucio y después de Alejandro Encinas y Omar Gómez Trejo —ya ninguno de los tres trabaja en las investigaciones del caso—, causaron buena parte del enredo en el que se ha convertido la investigación del paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El fondo del amparo solicitado por López Astudillo no es público; sin embargo, es para impedir que el juez que lleva las causas en las que El Gil figura como testigo protegido; una de las condiciones que con esta figura tiene El Gil es cumplir obligaciones, entre éstas que siga colaborando eficientemente en las investigaciones.

Pero ante la eventualidad de que no esté cumpliendo a cabalidad, el Ministerio Público federal solicitará al juez el retiro de los beneficios legales de El Gil, como testigo protegido, lo que implicaría que sea aprehendido por la comisión de los delitos por los cuales estaba siendo “perdonado”.

Los fiscales de caso Ayotzinapa creyeron en la especie que López Astudillo les ofreció. Les aseguró que en la desaparición de los estudiantes participaron en asociación con Guerrero Unidos, policías estatales, federales e integrantes del Ejército mexicano adscritos al 27 Batallón del Ejército, con sede en Iguala, Guerrero.

Desde 2020, cuando López Astudillo se convirtió en “Juan”, la Fiscalía del Caso Iguala le entrega un pago en efectivo, le renta un sitio donde vivir, además cuenta con escolta y chofer.

Gran parte de las bases de investigación que el actual gobierno ha desarrollado en la búsqueda de los 43 normalistas se basa en los dichos de López Astudillo, que en la estructura de Guerreros Unidos era conocido como El Gil o El Cabo Gil, además de ser señalado como jefe de Guerreros Unidos en la plaza de Cocula, localidad en donde está el basurero donde, de acuerdo con la llamada verdad histórica de la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR), un número de entre 12 y 17 estudiantes de Ayotzinapa fueron cremados.

López Astudillo fue detenido el 16 de septiembre de 2015, casi un años después de la desaparición de los 43 normalistas. En junio de 2018 fue absuelto del delito de delincuencia organizada; un amparo lo puso a salvo de del secuestro de los estudiantes. El 24 de agosto de 2019 recuperó su libertad merced a la resolución del juez primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas; El Gil fue uno de los detenidos por la PGR, que fueron torturados, aunque no era inocente.

Uno de los acuerdos para convertirse en testigo protegido y que ahora está en peligro de revertirse es que López Astudillo no iba a ser perseguido en la medida que sus dichos fueran susceptibles de armar pruebas que llevaran a pistas del paradero de los normalistas.

Uno de los testimonios de López Astudillo que han causado más polémica es que efectivos del 27 Batallón de Infantería llevaron hasta sus instalaciones a uno de estudiantes y que los militares los entregaron a integrantes de Guerreros Unidos.

De acuerdo con la información del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la CDMX, López Astudillo tiene cinco días para el desahogo o no se le concederá el amparo de la justicia federal y podrá ponerse en marcha la orden de aprensión.