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PRODECON logra que el SAT efectúe la devolución total de un pago indebido derivado del cobro indebido de cuotas compensatorias.

Miércoles 19 Abril 2017 (12:41)
> DTPV/en Línea
Subprocuraduría de Asesoría y Defensa del Contribuyente

A través de su servicio gratuito de Asesoría, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente logró que a una persona moral se le devolviera un pago de lo indebido en cantidad de $ 320,600.00 con intereses, correspondiente a un cobro indebido de cuotas compensatorias al momento de importar mercancía que no estaba sujeta a dicho pago, lo cual fue avalado a través de un oficio por la Secretaría de Economía.

Cabe destacar que previo a la presentación de la solicitud de devolución, el defensor de los derechos del contribuyente apoyó a la pagadora de impuestos con la rectificación de los pedimentos de importación para no incluir las cuotas compensatorias, por lo que una vez realizada tal rectificación, la autoridad fiscal declaró procedente la devolución solicitada.

PRODECON consigue que la autoridad fiscal efectúe la suspensión de actividades de un contribuyente de manera retroactiva.

Derivado de la información que reportó una institución financiera por depósitos en efectivo, la autoridad presumió que los mismos correspondían a ingresos de la actividad de un contribuyente, el cual se había suspendido desde el ejercicio fiscal de 1999. Con la información proporcionada por la institución financiera, la autoridad fiscal procedió a reactivar su registro en el padrón del RFC de manera retroactiva a partir del ejercicio 2010; en consecuencia, le fueron emitidas dos cartas de regularización de ISR 2010 y 2011, siendo que el origen dichos depósitos fue el cobro de préstamos. Prodecon le auxilió en la aclaración del origen de los depósitos, mismos que la autoridad dio por aclarados, por lo que la autoridad fiscal dejó sin efectos la reactivación de obligaciones fiscales para el contribuyente.

PRODECON auxilia a una tienda de Abarrotes para que el SAT le condone parcialmente una multa originada por una verificación de expedición de comprobantes fiscales digitales por internet.

El Ombudsman Fiscal a través de su servicio gratuito de Asesoría, apoyó a una tienda de abarrotes en la elaboración de un escrito para solicitar al SAT la condonación de una multa que tuvo su origen en una verificación de expedición de comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI); lo anterior, al considerar que la autoridad fiscal dejó de valorar las pruebas y alegatos ofrecidos por la contribuyente, en el que detallaba de manera precisa el procedimiento que lleva a cabo para la expedición de los comprobantes fiscales con motivo de sus operaciones, trayendo como consecuencia la determinación de la multa, misma que no fue impugnada por la contribuyente.

Después de las gestiones realizadas, se tuvo que el trámite resultó favorable para la contribuyente al condonarse la multa impuesta por la autoridad fiscal en un 40%.

PRODECON logra que a un contribuyente se le restituya el valor de su mercancía que había sido embargada y vendida por la autoridad.

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente apoyó a un pagador de impuestos a quien en el año 2008 le fue practicado un procedimiento en materia aduanera en donde se le embargó mercancía por un valor de $84,953.00. El contribuyente después de 7 años logró que el crédito fiscal fuera dejado sin efectos, además de que se le reconociera su derecho a que se le devolviera su mercancía; sin embargo, ésta ya había sido vendida por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público (SAE), quien determinó que lo procedente era resarcir al pagador de impuestos la cantidad de $1,219.21. A través de los medios de defensa, PRODECON logró que el Poder Judicial determinara que la actuación de la autoridad era ilegal, pues el procedimiento en el que se basó el SAE para calcular el valor de los bienes no era el mismo que ella misma señaló se aplicaría, ya que en lugar de tomar el valor que se le dio a la mercancía al momento del embargo, utilizó el valor de la venta de los bienes, procedimientos que están regulados en ordenamientos legales diversos, uno en la Ley Aduanera y el otro en la Ley Federal para la Administración y Enajenación de bienes del sector público. Con esta determinación, el contribuyente no se verá afectado en su derecho a la seguridad jurídica y obtendrá el importe más justo por la venta de sus bienes.

PRODECON logra que la autoridad fiscal le reconozca al contribuyente que en su nuevo domicilio fiscal, sí se encuentra la principal administración de su negocio.

A través del servicio gratuito de Representación legal y Defensa, este Ombudsman Fiscal apoyó a un contribuyente a quien el SAT no le quería aceptar su aviso de cambio de domicilio fiscal, pues al momento en que el personal visitador acudió a verificar el nuevo domicilio manifestado por el contribuyente, consideró que ahí no se encontraba la principal administración de su negocio, toda vez que dicho personal señalaba que no había observado contabilidad, actividad comercial o de servicios, indicando que sólo había encontrado escritorios, sillas, folders, computadoras y personal trabajando en el local. Mediante sentencia, el Tribunal declaró que tal y como lo hizo valer la Procuraduría en la demanda de nulidad presentada, era ilegal que el SAT no reconociera que en el nuevo domicilio fiscal se encontraba la administración del negocio, ello pues existían contradicciones en lo que el propio visitador asentó en el acta de verificación, adicional a que también existía una contradicción en el hecho de que se había afirmado que estaban personas laborando, pero que no había ningún movimiento de tipo administrativo. Así, al acreditarse que la autoridad no verificó correctamente el nuevo domicilio del pagador de impuestos, se declaró la nulidad de la actuación del SAT y se reconoció el nuevo domicilio fiscal del contribuyente.

Subprocuraduría de Protección de los Derechos de los Contribuyentes

PRODECON logra, a través del procedimiento de queja, aclarar una carta invitación al demostrar el origen del depósito en efectivo que la contribuyente recibió en su cuenta bancaria.

Una contribuyente presentó Queja ante esta Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, toda vez que el SAT le notificó una carta invitación informándole que se encontraba obligada a presentar su declaración anual del ejercicio fiscal 2014 derivado de que había recibido ingresos a través de un depósito en efectivo en su cuenta bancaria. La contribuyente manifestó que dicho depósito provenía de la enajenación de derechos parcelarios realizada por su difunto padre al Gobierno Federal, por lo que con ese argumento se requirió a la autoridad fiscal que aclarara su situación fiscal. En respuesta, indicó que era necesario que la quejosa exhibiera la manifestación de voluntades por escrito y ratificada por fedatario público, la notificación del derecho del tanto y el aviso del comisariado ejidal. Derivado de las gestiones realizadas por esta Procuraduría se requirió al Notario Público ante quien se celebró el contrato de compraventa correspondiente, quien exhibió la escritura pública en la que se asentaron las formalidades aludidas y dicha documental fue remitida a la autoridad para su valoración, quien en respuesta tuvo por aclarada la carta invitación de mérito.

PRODECON, mediante el procedimiento de Queja, consigue que el IMSS revoque un crédito fiscal determinado con base en un factor de mano de obra incorrecto.

Un contribuyente acudió a este Ombudsman Fiscal para interponer una Queja, señalando que el IMSS le determinó un crédito fiscal, en el que para calcular el monto total de la mano de obra, se tomó en cuenta un factor aplicable para obras públicas no obstante que la obra realizada es una obra privada. Durante la tramitación de la Queja se hicieron gestiones con la autoridad para demostrarle que en el “Reporte de Información de la Obra” el contribuyente manifestó en el apartado de “Clase de la obra” que ésta es “PRIVADA”, y que por ello la resolución determinante estaba indebidamente fundada y motivada. Como resultado, la autoridad reconoció el error de haber aplicado un factor correspondiente a una obra pública, además de que no se habían observado los requisitos del “Procedimiento y Estrategias para la Revisión por el artículo 18 del Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado”, dejando sin efectos el crédito fiscal.

PRODECON obtiene, a través del procedimiento de Queja, que se cancele la inscripción de una hipoteca sobre un bien inmueble ofrecido como garantía por un responsable solidario.

Al impugnar un crédito fiscal a su cargo, un contribuyente garantizó el interés fiscal mediante la hipoteca de un bien inmueble, propiedad de un tercero, misma que fue inscrita en el Registro Público de la Propiedad desde el año 2010. Una vez concluido el juicio a favor del contribuyente, éste solicitó la cancelación de la hipoteca, pero el procedimiento de cancelación quedó suspendido por lo que presentó Queja ante esta Procuraduría. Durante el procedimiento se requirió a las diversas autoridades involucradas, incluyendo al Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, quien dio a conocer el procedimiento específico para la liberación de la hipoteca. Así, tras diversas gestiones conjuntas ante el citado Registro y la autoridad fiscal, las cuales consistieron en requerimientos de información y documentación (copia de la sentencia emitida en el juicio de nulidad, pago de derechos de cancelación de la hipoteca, entre otros), se logró establecer la debida coordinación entre dichas autoridades, así como el seguimiento puntual al trámite de liberación de gravamen, concluyendo que se cancelara la hipoteca referida y además que la autoridad fiscal confirmara la baja del crédito fiscal que se garantizó con la misma.

PRODECON, mediante el procedimiento de Queja, logra aclarar y regularizar la situación fiscal de dos contribuyentes que utilizaban el mismo RFC por homonimia.

Una contribuyente acudió a esta Procuraduría al advertir en la página de internet del SAT, que dos retenedores emitieron CFDI´s a su nombre por concepto de servicios profesionales, mismos que manifestó no haber realizado y menos aún haber percibido ingresos por ellos. De las investigaciones efectuadas en la Queja se conoció que los retenedores aludidos tenían una trabajadora homónima de la quejosa, quien por error utilizaba su RFC, por lo que derivado de las gestiones realizadas por esta Procuraduría de la Defensa del Contribuyente se logró la cancelación de los referidos CFDI´s y el alta en el Registro Federal de Contribuyentes de la trabajadora que indebidamente utilizaba el RFC de la quejosa, obteniendo también la regularización de la situación fiscal de las dos contribuyentes.

PRODECON a través del procedimiento de Queja, consigue que el SAT aclare la situación fiscal de un contribuyente respecto de depósitos en efectivo reportados por una institución financiera.

Un contribuyente promovió Queja ante PRODECON derivado de que el SAT le notificó una carta invitación exhortándolo a regularizar su situación fiscal en materia de ISR al haber detectado depósitos en efectivo en sus cuentas bancarias, mismos que negó haber recibido. Derivado de las gestiones realizadas en el procedimiento de Queja se consiguió que la institución financiera que originalmente reportó al quejoso con depósitos, expidiera un escrito dirigido al SAT confirmando que no existieron los depósitos señalados, lo que trajo como consecuencia que la autoridad fiscal tuviera por aclarada la situación fiscal del pagador de impuestos.

Subprocuraduría de Análisis Sistémico y Estudios Normativos

PRODECON sugirió al SAT que debe informar a los contribuyentes ꟷpaisanosꟷ que al importar vehículos de manera temporal, adopte mejores prácticas, dando a conocer las sanciones a las que pueden hacerse acreedores por cometer infracciones relacionadas con el uso y destino de estos.

Esta Procuraduría, con la finalidad de otorgar seguridad y certeza jurídica a los mexicanos residentes en el extranjero, emitió el 14 de noviembre de 2016 el análisis sistémico 13/2016, en el que sugirió al SAT que cuando dichas personas realicen el trámite para obtener el Permiso de Importación Temporal de Vehículos ante los módulos del SAT o BANJERCITO, proporcione de manera obligatoria un documento (que sea firmado previa lectura del importador) en el que señale que al realizar ciertos actos u omisiones entre los que se encuentran: permitir la conducción del vehículo por persona distinta a las autorizadas, exceder el plazo autorizado para la importación temporal, enajenar o adquirir vehículos importados o internados temporalmente, entre otros; lo hará acreedor en términos generales, de conformidad con la Ley Aduanera y el Código Fiscal de la Federación, a las siguientes sanciones:

* Pérdida del vehículo a favor del fisco federal

* Imposición de un crédito fiscal

* Las demás sanciones aplicables, entre las que se encuentra la privación de la libertad –para el importador y paralelamente pudiera verse afectado con esta pena un tercero− toda vez que se pudiera considerarse que se comete el delito de contrabando.

Subprocuraduría General

PRODECON apoya a contribuyente dedicado a la maquila a regularizar la estancia en territorio nacional del desperdicio que le fue observado en una auditoría de comercio exterior.

Al verificar la legal estancia en el país de mercancías de procedencia extranjera, la Autoridad Revisora conoció que la Contribuyente retornó al extranjero una cantidad inferior de diverso producto que introdujo bajo el régimen de importación temporal. Durante el Acuerdo Conclusivo, la contribuyente manifestó que el producto importado era una de las materias primas que utilizaba en su proceso de maquila, así como que el desperdicio estaba combinado con otros materiales que al mezclarse daban como resultado un producto distinto a sus materia primas, por lo que su valor no podía determinarse únicamente con base en la factura del material importado temporalmente al país. Por lo tanto, a efecto de encontrar una solución consensuada, PRODECON propuso que en el procedimiento de Acuerdo Conclusivo, se replicara el valor determinado en una auditoría previamente practicada a la contribuyente y en el cual se promedió el costo de todos los materiales involucrados en el proceso de maquila para determinar aquel que le correspondía al desperdicio, facilitándose de ese modo la regularización de la situación fiscal de la pagadora de impuestos, al emplearse en el cálculo de las contribuciones a su cargo, un valor inferior al consignado originalmente en la auditoría.

PRODECON logra que la Autoridad Revisora acepte en Acuerdo Conclusivo que el Contribuyente auditado a través de una revisión electrónica, regularice su situación fiscal mediante pago en parcialidades.

Un contribuyente recibió en su Buzón Tributario la resolución provisional en la cual se le indicó, como rubro específico observado, el “Impuesto Sobre la Renta a Cargo” cuyo entero no estaba registrado en los sistemas institucionales del Servicio de Administración Tributaria. En su solicitud de Acuerdo Conclusivo, la contribuyente reconoció la omisión en el entero de contribuciones referido por la Revisora, proponiendo su regularización a través del pago respectivo en 36 parcialidades, lo cual fue aceptado por la Autoridad Revisora. En consecuencia, PRODECON instrumentó la autorización del pago parcializado de manera paralela a la tramitación del Conclusivo, por lo que una vez que la Administración Desconcentrada de Recaudación competente emitió la citada autorización, se procedió a la suscripción del Acuerdo Conclusivo en tan sólo 50 días posteriores al inicio del procedimiento

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