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Denuncian al Estado mexicano ante la CIDH por muerte de dos normalistas

Miércoles 16 Diciembre 2015 (09:32)
> DTPV/en Línea
El 12 de diciembre del 2011, el desalojo realizado por policías federales, ministeriales y de Guerrero dejó un saldo de dos alumnos muertos.

Ciudad de México.-
Padres y familiares de los dos estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, muertos en un operativo policiaco en diciembre del 2011 y de uno más que fue arbitrariamente detenido y torturado, presentaron una denuncia contra el Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por violaciones graves a los derechos humanos y falta de justicia a más de cuatro años de los hechos.

La denuncia internacional acusa al Estado mexicano de negar la justicia a los estudiantes de Ayotzinapa, Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, quienes murieron el pasado 12 de diciembre del 2011, en Chilpancingo, Guerrero, cuando agentes policiacos federales, estatales y del municipio se movilizaron para desalojar una manifestación que se realizaban los estudiantes sobre la Autopista del Sol, de esos hechos se detuvo a Gerardo Torres Pérez quien fue torturado por la fuerza policial.

En conferencia de prensa, familiares de los jóvenes asesinados y torturados lamentaron que a cuatro años, el Estado mexicano no ha tomado medidas para evitar que operativos policiacos terminen con la vida de los manifestantes.

El objetivo de la demanda es que la CIDH envíe el expediente del caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que el caso se considere como un ejemplo de ejecuciones extrajudiciales.

La denuncia, presentada este martes en la sede de la CIDH, en la ciudad de Washington y es acompañada y respaldada por el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, y el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón.

En la denuncia se solicita a la comisión que declare la admisibilidad de esta petición y responsabilice al Estado mexicano por la violación del derecho a la vida, a la integridad y libertad personal, al derecho de no ser sometido a torturas, ni a tratos crueles, inhumanos y degradantes, y al derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial.

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