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El mundo condena el golpe de Estado del populismo en Venezuela
> DTPV/en Línea
- Países, organismos y academia exigen a Maduro restablecer el orden democrático; éste llama “histéricas” a naciones que reprueban su decisión de anular al Congreso; reprime protestas.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, invocó ayer la Carta Democrática Interamericana al solicitar al Consejo Permanente una sesión urgente sobre la crisis en Venezuela.
Lo anterior lo anunció el dirigente opositor venezolano Henrique Capriles tras una reunión con el líder de la Organización de Estados Americanos.
“La OEA tiene que pronunciarse formalmente y eso no se ha dado. Si el gobierno no anula esa sentencia, por supuesto que debe aplicarse la Carta Democrática Interamericana. Si el gobierno no cumple, que haya suspensión”, dijo Capriles a periodistas.
El excandidato presidencial expresó así su expectativa de que la OEA emita la próxima semana una resolución para declarar formalmente que el orden constitucional quedó interrumpido en su país después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) asumiera esta semana las funciones de la Asamblea Nacional.
Tras el anuncio, fuentes diplomáticas confirmaron que un grupo de 20 países pidió formalmente a la presidencia del Consejo Permanente una sesión extraordinaria sobre Venezuela para el lunes para declarar que en esa nación hay “una alteración del orden constitucional”.
En ese grupo están Canadá, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía, Jamaica, Barbados, Bahamas, Guyana, Antigua y Barbuda y, tal vez, Uruguay y algunas naciones caribeñas, cuya posición no está clara, detallaron las mismas fuentes.
La ONU también se sumó a las condenas contra la crisis en Venezuela y expresó su “grave preocupación” por la decisión del TSJ y le pidió que lo reconsidere, en vista de que “la separación de poderes es esencial para que la democracia funcione”.
“Mantener los espacios democráticos abiertos es esencial para garantizar que los derechos humanos estén protegidos”, manifestó el alto comisionado para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, en una declaración por escrito.
En coincidencia con esta postura la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, cercana colaboradora de Maduro, criticó la sentencia del tribunal, al señalar que representa una “ruptura del orden constitucional” en el país.
“En dichas sentencias se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución (...) lo que constituye una ruptura del orden constitucional”, dijo la fiscal durante la presentación de su informe anual en la sede del Ministerio Público (MP).
Como máxima representante del MP, “llamamos a la reflexión para que tomemos caminos democráticos, y para que respetando la Carta Magna propiciemos un ambiente de respeto y pluralidad”, invitó Ortega.
Asimismo Ortega rechazó cualquier acción de injerencia en los asuntos internos del país caribeño, señalando que éstos deben ser resueltos por las instituciones venezolanas y los actores políticos.
Contrario a esto la coalición opositora de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) convocó para hoy a una concentración en una plaza del este de la capital, donde la Asamblea Nacional realizará una sesión abierta.
En un comunicado, instó al Ejército a restablecer la democracia en Venezuela. “Ya la fiscal se manifestó: ‘las sentencias TSJ son una ruptura del orden constitucional’… La FANB (Fuerza Armada Nacional Bolivariana) no puede permanecer callada ante violaciones de la Constitución”, reza el documento.
Por su parte, la Asamblea Nacional convocó para el martes a una sesión especial en la que se debatirá la situación de los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo.
Antes del relevo en el Congrego, la mayoría chavista saliente aprobó y oficializó el nombramiento de 13 nuevos magistrados y 21 suplentes del TSJ (que ahora cuenta con 32) para 12 años.
La medida levantó enorme polémica sobre todo por la militancia política oficialista de algunos de los nuevos magistrados.
La oposición denunció entonces que el gobierno de Maduro buscaba blindar el poder judicial.
Aumentan condenas internacionales.Otro bloque que convocó a una reunión urgente fue el Mercosur, con el fin de analizar posibles soluciones a la crisis en Venezuela.
La reunión de cancilleres de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay se realizará este sábado en Buenos Aires, según el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino.
Por su parte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la “grave injerencia” del TSJ en la Asamblea.
“Estas nuevas decisiones constituyen una usurpación de las funciones del Poder Legislativo por parte de los poderes Judicial y Ejecutivo, así como una anulación de facto del voto popular mediante el cual fueron elegidos los diputados de la Asamblea Nacional”, afirmó la CIDH en un comunicado emitido desde su sede en Washington.
También siete de los países que integran la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) condenaron la crisis de poderes en Venezuela y reclamaron que se respeten el estado de derecho y la separación de poderes.
Los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Paraguay y Uruguay manifestaron su “alarma” por el fallo del máximo tribunal venezolano “así como la decisión de limitar las facultades de la Asamblea Nacional y restringir la inmunidad parlamentaria de sus miembros, hechos que atentan contra los principios y valores esenciales de la democracia representativa”, según un comunicado conjunto divulgado por la presidencia uruguaya.
Los siete países llamaron al gobierno de Venezuela a que “avance efectivamente en la aplicación de medidas concretas acordadas con la oposición con apego a las disposiciones de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para garantizar la efectiva separación de poderes, el respeto al Estado de Derecho y a los derechos humanos, así como a las instituciones democráticas”.
Colombia, por su parte, anunció que llamó a consultas a su embajador en Caracas, Ricardo Lozano, para que informe sobre la situación, tras la decisión del máximo tribunasl venezolano.
“El embajador se queda en Colombia en consultas y esperamos que la situación de Venezuela y la decisión del Tribunal Supremo se revierta”, dijo la canciller, María Ángela Holguín.
Se agrava represión en las calles
Miles de venezolanos volvieron a salir a la calles ayer en Caracas para protestar por la sentencia que quita al Parlamento todas sus funciones. “Calle y más calle”, se escuchaba en Caracas.
“No nos quita nadie el derecho a protestar”, era otro de los lemas que corearon los manifestantes. En este ambiente de indignación ciudadana, dos estudiantes universitarios fueron detenidos durante una protesta frente a la sede principal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el órgano que asumirá a partir de ahora las competencias legislativas.
Los estudiantes fueron repelidos por la Guardia Nacional Bolivariana (la Policía militarizada).
Las protestas también se extendieron a diferentes estados del país, como Monagas, Cojedes y Barinas. Varios diputados opositores protagonizaron protestas en el metro de Caracas y en la autopista Francisco Fajardo, la principal vía de la capital venezolana.
“Que todo el mundo sepa que en Venezuela hubo un golpe de Estado. Unidos luchemos por el cambio», afirmó el diputado Miguel Pizarro.
El diputado opositor Stalin González leyó el comunicado de la Mesa de la Unidad Democrática, en el que señaló que estas movilizaciones no pueden ser para “expresar una rabia” y “mucho menos para crear situaciones de anarquía”.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, invocó ayer la Carta Democrática Interamericana al solicitar al Consejo Permanente una sesión urgente sobre la crisis en Venezuela.
Lo anterior lo anunció el dirigente opositor venezolano Henrique Capriles tras una reunión con el líder de la Organización de Estados Americanos.
“La OEA tiene que pronunciarse formalmente y eso no se ha dado. Si el gobierno no anula esa sentencia, por supuesto que debe aplicarse la Carta Democrática Interamericana. Si el gobierno no cumple, que haya suspensión”, dijo Capriles a periodistas.
El excandidato presidencial expresó así su expectativa de que la OEA emita la próxima semana una resolución para declarar formalmente que el orden constitucional quedó interrumpido en su país después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) asumiera esta semana las funciones de la Asamblea Nacional.
Tras el anuncio, fuentes diplomáticas confirmaron que un grupo de 20 países pidió formalmente a la presidencia del Consejo Permanente una sesión extraordinaria sobre Venezuela para el lunes para declarar que en esa nación hay “una alteración del orden constitucional”.
En ese grupo están Canadá, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía, Jamaica, Barbados, Bahamas, Guyana, Antigua y Barbuda y, tal vez, Uruguay y algunas naciones caribeñas, cuya posición no está clara, detallaron las mismas fuentes.
La ONU también se sumó a las condenas contra la crisis en Venezuela y expresó su “grave preocupación” por la decisión del TSJ y le pidió que lo reconsidere, en vista de que “la separación de poderes es esencial para que la democracia funcione”.
“Mantener los espacios democráticos abiertos es esencial para garantizar que los derechos humanos estén protegidos”, manifestó el alto comisionado para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, en una declaración por escrito.
En coincidencia con esta postura la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, cercana colaboradora de Maduro, criticó la sentencia del tribunal, al señalar que representa una “ruptura del orden constitucional” en el país.
“En dichas sentencias se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución (...) lo que constituye una ruptura del orden constitucional”, dijo la fiscal durante la presentación de su informe anual en la sede del Ministerio Público (MP).
Como máxima representante del MP, “llamamos a la reflexión para que tomemos caminos democráticos, y para que respetando la Carta Magna propiciemos un ambiente de respeto y pluralidad”, invitó Ortega.
Asimismo Ortega rechazó cualquier acción de injerencia en los asuntos internos del país caribeño, señalando que éstos deben ser resueltos por las instituciones venezolanas y los actores políticos.
Contrario a esto la coalición opositora de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) convocó para hoy a una concentración en una plaza del este de la capital, donde la Asamblea Nacional realizará una sesión abierta.
En un comunicado, instó al Ejército a restablecer la democracia en Venezuela. “Ya la fiscal se manifestó: ‘las sentencias TSJ son una ruptura del orden constitucional’… La FANB (Fuerza Armada Nacional Bolivariana) no puede permanecer callada ante violaciones de la Constitución”, reza el documento.
Por su parte, la Asamblea Nacional convocó para el martes a una sesión especial en la que se debatirá la situación de los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo.
Antes del relevo en el Congrego, la mayoría chavista saliente aprobó y oficializó el nombramiento de 13 nuevos magistrados y 21 suplentes del TSJ (que ahora cuenta con 32) para 12 años.
La medida levantó enorme polémica sobre todo por la militancia política oficialista de algunos de los nuevos magistrados.
La oposición denunció entonces que el gobierno de Maduro buscaba blindar el poder judicial.
Aumentan condenas internacionales.Otro bloque que convocó a una reunión urgente fue el Mercosur, con el fin de analizar posibles soluciones a la crisis en Venezuela.
La reunión de cancilleres de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay se realizará este sábado en Buenos Aires, según el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino.
Por su parte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la “grave injerencia” del TSJ en la Asamblea.
“Estas nuevas decisiones constituyen una usurpación de las funciones del Poder Legislativo por parte de los poderes Judicial y Ejecutivo, así como una anulación de facto del voto popular mediante el cual fueron elegidos los diputados de la Asamblea Nacional”, afirmó la CIDH en un comunicado emitido desde su sede en Washington.
También siete de los países que integran la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) condenaron la crisis de poderes en Venezuela y reclamaron que se respeten el estado de derecho y la separación de poderes.
Los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Paraguay y Uruguay manifestaron su “alarma” por el fallo del máximo tribunal venezolano “así como la decisión de limitar las facultades de la Asamblea Nacional y restringir la inmunidad parlamentaria de sus miembros, hechos que atentan contra los principios y valores esenciales de la democracia representativa”, según un comunicado conjunto divulgado por la presidencia uruguaya.
Los siete países llamaron al gobierno de Venezuela a que “avance efectivamente en la aplicación de medidas concretas acordadas con la oposición con apego a las disposiciones de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para garantizar la efectiva separación de poderes, el respeto al Estado de Derecho y a los derechos humanos, así como a las instituciones democráticas”.
Colombia, por su parte, anunció que llamó a consultas a su embajador en Caracas, Ricardo Lozano, para que informe sobre la situación, tras la decisión del máximo tribunasl venezolano.
“El embajador se queda en Colombia en consultas y esperamos que la situación de Venezuela y la decisión del Tribunal Supremo se revierta”, dijo la canciller, María Ángela Holguín.
Se agrava represión en las calles
Miles de venezolanos volvieron a salir a la calles ayer en Caracas para protestar por la sentencia que quita al Parlamento todas sus funciones. “Calle y más calle”, se escuchaba en Caracas.
“No nos quita nadie el derecho a protestar”, era otro de los lemas que corearon los manifestantes. En este ambiente de indignación ciudadana, dos estudiantes universitarios fueron detenidos durante una protesta frente a la sede principal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el órgano que asumirá a partir de ahora las competencias legislativas.
Los estudiantes fueron repelidos por la Guardia Nacional Bolivariana (la Policía militarizada).
Las protestas también se extendieron a diferentes estados del país, como Monagas, Cojedes y Barinas. Varios diputados opositores protagonizaron protestas en el metro de Caracas y en la autopista Francisco Fajardo, la principal vía de la capital venezolana.
“Que todo el mundo sepa que en Venezuela hubo un golpe de Estado. Unidos luchemos por el cambio», afirmó el diputado Miguel Pizarro.
El diputado opositor Stalin González leyó el comunicado de la Mesa de la Unidad Democrática, en el que señaló que estas movilizaciones no pueden ser para “expresar una rabia” y “mucho menos para crear situaciones de anarquía”.
Año 2014 paseo por la Unión de Periodistas en Cuba
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