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Urgen en Texas legislar medidas severas por mala clasificación laboral
> DTPV/en Línea
Por: Julián Aguilar
Cifras estatales
35 mil
Número aproximado de empleados que no fueron registrados de manera adecuada entre 2010 y 2012
4 mil 300
Pertenecen a la construcción
4 mil 100
Son del campo de atención médica
y asistencia laboral
$2.4 millones
Patrones debieron pagar al fondo
de seguro de desempleo, de
acuerdo con el Consejo de
Presupuesto Legislativo
$200
En 2013, Texas aprobó una propuesta de ley que permite que la Comisión Laboral del Estado multe con esta cantidad a las empresas por cada empleado con rango inapropiado
Un contratista independiente es considerado a aquel que trabaja por su cuenta y es responsable de pagar sus propios impuestos.
Texas.- El grupo que está a favor de los derechos de los trabajadores en Texas está renovando sus esfuerzos para aumentar las protecciones para los empleados de bajos ingresos, urgiéndoles a los legisladores que consideren medidas severas contra los empleadores que intencionalmente no clasifican bien a sus empleados.
Clasificar a los trabajadores como contratistas independientes –en lugar de empleados– les permite a las empresas no pagarles tiempo extra ni compensaciones y tampoco impuestos sobre nóminas.
Esta práctica también le permite a las empresas evadir la ley federal que requiere que los nuevos contratados demuestren que pueden trabajar legalmente en el país.
Aproximadamente 35 mil empleados del Estado no fueron clasificados adecuadamente entre el 2010 y 2012, de acuerdo a la Comisión Laboral de Texas.
Eso incluye a 4 mil 300 en la industria de la construcción y 4 mil 100 en la atención médica y asistencia social.
Los que contrataron a esos trabajadores debieron pagar aproximadamente $2.4 millones al fondo de seguro de desempleo del Estado, de acuerdo a un reporte del Consejo de Presupuesto Legislativo.
“La clasificación errónea impide que los empleados reciban las compensaciones y beneficios que les corresponden”, comentó Maxie Gallardo, analista de políticas del Proyecto de Defensa Laboral, un grupo de activistas que tiene su sede en Austin.
“Básicamente los despoja de sus derechos como empleados”.
En Texas, los críticos de esa alteración de la ley han argumentado que el hacer eso podría aumentar el costo de las nuevas viviendas debido a que tales cambios podrían provocar que las constructoras incurran en costos administrativos que se les reflejarían a los compradores.
Desde el 2008, 27 Estados y el Distrito de Columbia han aprobado propuestas de ley severas sobre la errónea clasificación de empleados, de acuerdo a un reporte del Consejo de Presupuestos.
Los contratistas independientes son considerados como personas que trabajan por su cuenta y son responsables de pagar sus propios impuestos.
Para los empleados, el que los contrata es el responsable de pagar los impuestos sobre nóminas y de deducírselos de su salario.
En el 2013, la Legislatura de Texas aprobó una propuesta de ley que permite que la Comisión Laboral de Texas multe a las empresas con 200 dólares por cada empleado que esté mal clasificado.
La ley, que fue presentada por el ex representante estatal John Davis, republicano por Houston, sólo aplica a los negocios que tiene contratos con el gobierno.
Una medida más radical que podría aplicarse a la industria de la construcción y también fue presentada por Davis, nunca se discutió en la Cámara Baja.
En esta sesión, la representante estatal Senfronia Thompson, demócrata por Houston, presentó una propuesta similar a la de la industria de la construcción de Davis.
El Proyecto 434 de la Cámara podría multar a una empresa constructora con 100 dólares por cada empleado que inicialmente fue mal clasificado y con 1 mil dólares por cada una de las ofensas subsiguientes.
“De hecho, hemos tenido cierta resistencia, pero también hemos llevado a cabo reuniones positivas con algunos de los principales constructores”, comentó Brete Anderson, directora legislativa de Thompson.
“Ellos tienen algunas dudas y vamos a tratar de aclararlas”.
En el 2013, la oposición incluyó a miembros de los Principales Constructores de América, un grupo comercial a nivel nacional que representa a 20 de los desarrolladores de viviendas más importantes del país.
La organización no respondió a la solicitud que se le hizo para que comentara sobre las propuestas de este año, sin embargo, en el 2013 un abogado del grupo le comentó al Comité de Economía y Desarrollo de Pequeños Negocios de la Cámara acerca de las inquietudes que tenía el grupo.
“Creemos que el incremento en los riesgos económicos y legales y el conflicto entre el marco regulador vigente y las altas sanciones administrativas, va a incrementar los costos de las viviendas y el precio va a sacar a muchos texanos del mercado”, comentó el abogado Steve Henry.
“Creemos que en la parte residencial, esto va a impedir la formación de pequeños negocios y el crecimiento laboral”.
Propuesta de senador paseño
El senador estatal José Rodríguez, demócrata por El Paso, está proponiendo cambios para todas las industrias, no sólo para la construcción.
La propuesta de Rodríguez, la número 927 del Senado, podría asumir que todos los empleados están clasificados como tales a menos que el empleador reporte a la Comisión Laboral de Texas que son contratistas independientes. Su propuesta no ha sido referida al Comité.
Los grupos que están a favor de los trabajadores y que están presionando para que haya medidas severas contra la clasificación errónea deben trazar una línea fina debido a que tales cambios podrían dejar a miles de trabajadores sin empleo, específicamente en la industria de la construcción estatal.
Muchos trabajadores que actualmente están clasificados como contratistas independientes no se les permite trabajar legalmente como empleados debido a que son inmigrantes indocumentados.
Aunque los grupos que están a favor de los derechos de los inmigrantes y algunos líderes de la industria de la construcción siguen esperando que el Congreso apruebe la reforma de inmigración –y le de el estatus legal a muchos trabajadores indocumentados– pero al parecer están esfumándose las posibilidades.
La medida temporal que le permitiría a unos 1.4 millones de texanos indocumentados que sigan viviendo en el Estado y trabajen libremente, está detenida.
“Es difícil lidiar con ambas cosas, pero creo que de una manera adecuada sí ayudaría el erradicar la clasificación errónea”, comentó Gallardo, del Proyecto de Defensa de los Trabajadores.
“Ayudaría más que afectaría si les pagan a los empleados y pueden obtener la compensación laboral”.
Gallardo comentó que espera que se apruebe una reforma integral de inmigración y los cambios a la ley estatal.
“Es como caminar por la cuerda floja debido a que nuestra inquietud es proteger a los trabajadores y asegurarnos de que no sean maltratados, ya que eso pasa muy seguido”, dijo.
“Por otra parte, hay que asegurarse de que no se aprovechen de los trabajadores indocumentados”.
Cuando le preguntaron acerca de esas posibles consecuencias no intencionales, Anderson respondió que no cree que eso deba hacer la legislación.
“Lo que estamos tratando de hacer es impedir la explotación. No estamos tratando de impedir que trabaje la gente que no tiene una documentación adecuada, porque no se trata de eso”, agregó.
Cifras estatales
35 mil
Número aproximado de empleados que no fueron registrados de manera adecuada entre 2010 y 2012
4 mil 300
Pertenecen a la construcción
4 mil 100
Son del campo de atención médica
y asistencia laboral
$2.4 millones
Patrones debieron pagar al fondo
de seguro de desempleo, de
acuerdo con el Consejo de
Presupuesto Legislativo
$200
En 2013, Texas aprobó una propuesta de ley que permite que la Comisión Laboral del Estado multe con esta cantidad a las empresas por cada empleado con rango inapropiado
Un contratista independiente es considerado a aquel que trabaja por su cuenta y es responsable de pagar sus propios impuestos.
Texas.- El grupo que está a favor de los derechos de los trabajadores en Texas está renovando sus esfuerzos para aumentar las protecciones para los empleados de bajos ingresos, urgiéndoles a los legisladores que consideren medidas severas contra los empleadores que intencionalmente no clasifican bien a sus empleados.
Clasificar a los trabajadores como contratistas independientes –en lugar de empleados– les permite a las empresas no pagarles tiempo extra ni compensaciones y tampoco impuestos sobre nóminas.
Esta práctica también le permite a las empresas evadir la ley federal que requiere que los nuevos contratados demuestren que pueden trabajar legalmente en el país.
Aproximadamente 35 mil empleados del Estado no fueron clasificados adecuadamente entre el 2010 y 2012, de acuerdo a la Comisión Laboral de Texas.
Eso incluye a 4 mil 300 en la industria de la construcción y 4 mil 100 en la atención médica y asistencia social.
Los que contrataron a esos trabajadores debieron pagar aproximadamente $2.4 millones al fondo de seguro de desempleo del Estado, de acuerdo a un reporte del Consejo de Presupuesto Legislativo.
“La clasificación errónea impide que los empleados reciban las compensaciones y beneficios que les corresponden”, comentó Maxie Gallardo, analista de políticas del Proyecto de Defensa Laboral, un grupo de activistas que tiene su sede en Austin.
“Básicamente los despoja de sus derechos como empleados”.
En Texas, los críticos de esa alteración de la ley han argumentado que el hacer eso podría aumentar el costo de las nuevas viviendas debido a que tales cambios podrían provocar que las constructoras incurran en costos administrativos que se les reflejarían a los compradores.
Desde el 2008, 27 Estados y el Distrito de Columbia han aprobado propuestas de ley severas sobre la errónea clasificación de empleados, de acuerdo a un reporte del Consejo de Presupuestos.
Los contratistas independientes son considerados como personas que trabajan por su cuenta y son responsables de pagar sus propios impuestos.
Para los empleados, el que los contrata es el responsable de pagar los impuestos sobre nóminas y de deducírselos de su salario.
En el 2013, la Legislatura de Texas aprobó una propuesta de ley que permite que la Comisión Laboral de Texas multe a las empresas con 200 dólares por cada empleado que esté mal clasificado.
La ley, que fue presentada por el ex representante estatal John Davis, republicano por Houston, sólo aplica a los negocios que tiene contratos con el gobierno.
Una medida más radical que podría aplicarse a la industria de la construcción y también fue presentada por Davis, nunca se discutió en la Cámara Baja.
En esta sesión, la representante estatal Senfronia Thompson, demócrata por Houston, presentó una propuesta similar a la de la industria de la construcción de Davis.
El Proyecto 434 de la Cámara podría multar a una empresa constructora con 100 dólares por cada empleado que inicialmente fue mal clasificado y con 1 mil dólares por cada una de las ofensas subsiguientes.
“De hecho, hemos tenido cierta resistencia, pero también hemos llevado a cabo reuniones positivas con algunos de los principales constructores”, comentó Brete Anderson, directora legislativa de Thompson.
“Ellos tienen algunas dudas y vamos a tratar de aclararlas”.
En el 2013, la oposición incluyó a miembros de los Principales Constructores de América, un grupo comercial a nivel nacional que representa a 20 de los desarrolladores de viviendas más importantes del país.
La organización no respondió a la solicitud que se le hizo para que comentara sobre las propuestas de este año, sin embargo, en el 2013 un abogado del grupo le comentó al Comité de Economía y Desarrollo de Pequeños Negocios de la Cámara acerca de las inquietudes que tenía el grupo.
“Creemos que el incremento en los riesgos económicos y legales y el conflicto entre el marco regulador vigente y las altas sanciones administrativas, va a incrementar los costos de las viviendas y el precio va a sacar a muchos texanos del mercado”, comentó el abogado Steve Henry.
“Creemos que en la parte residencial, esto va a impedir la formación de pequeños negocios y el crecimiento laboral”.
Propuesta de senador paseño
El senador estatal José Rodríguez, demócrata por El Paso, está proponiendo cambios para todas las industrias, no sólo para la construcción.
La propuesta de Rodríguez, la número 927 del Senado, podría asumir que todos los empleados están clasificados como tales a menos que el empleador reporte a la Comisión Laboral de Texas que son contratistas independientes. Su propuesta no ha sido referida al Comité.
Los grupos que están a favor de los trabajadores y que están presionando para que haya medidas severas contra la clasificación errónea deben trazar una línea fina debido a que tales cambios podrían dejar a miles de trabajadores sin empleo, específicamente en la industria de la construcción estatal.
Muchos trabajadores que actualmente están clasificados como contratistas independientes no se les permite trabajar legalmente como empleados debido a que son inmigrantes indocumentados.
Aunque los grupos que están a favor de los derechos de los inmigrantes y algunos líderes de la industria de la construcción siguen esperando que el Congreso apruebe la reforma de inmigración –y le de el estatus legal a muchos trabajadores indocumentados– pero al parecer están esfumándose las posibilidades.
La medida temporal que le permitiría a unos 1.4 millones de texanos indocumentados que sigan viviendo en el Estado y trabajen libremente, está detenida.
“Es difícil lidiar con ambas cosas, pero creo que de una manera adecuada sí ayudaría el erradicar la clasificación errónea”, comentó Gallardo, del Proyecto de Defensa de los Trabajadores.
“Ayudaría más que afectaría si les pagan a los empleados y pueden obtener la compensación laboral”.
Gallardo comentó que espera que se apruebe una reforma integral de inmigración y los cambios a la ley estatal.
“Es como caminar por la cuerda floja debido a que nuestra inquietud es proteger a los trabajadores y asegurarnos de que no sean maltratados, ya que eso pasa muy seguido”, dijo.
“Por otra parte, hay que asegurarse de que no se aprovechen de los trabajadores indocumentados”.
Cuando le preguntaron acerca de esas posibles consecuencias no intencionales, Anderson respondió que no cree que eso deba hacer la legislación.
“Lo que estamos tratando de hacer es impedir la explotación. No estamos tratando de impedir que trabaje la gente que no tiene una documentación adecuada, porque no se trata de eso”, agregó.
Año 2014 paseo por la Unión de Periodistas en Cuba
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